Autor: José Carlos Molina B
Abogado litigante. Presidente del Colegio de Abogados de Maicao.
A riesgo de titular este artículo con lo que pudiera llamarse una frase de cajón, es un titulo que refleja la problemática de los servicios públicos en Colombia; si tenemos claridad de lo que representa LA PUNTA DEL ICEBERG, Término que significa “que hay algo que permanece oculto a la vista de todos y de lo que solo podemos ver una pequeña fracción”.
Entrando en materia, quiero resaltar el problema suscitado en el país, por la intervención que el Estado Colombiano, por intermedio de la Superintendencia Nacional de Salud, realizó a SALUDCOOP, la Empresa Promotora de Salud (EPS) más grande del país, que cuenta según informe de prensa con el 30 por ciento de participación en el mercado del régimen contributivo y 3'978.822 afiliados en 1.050 municipios.
Es también de público conocimiento desde que se conociera la posesión e INTERVENCIÓN forzosa en esa EPS, que se requieren 180.000 millones de pesos para ser viable financieramente está empresa, de acuerdo al informe del señor Héctor Pabón, interventor designado por el Gobierno Nacional. Miren ustedes el gran contraste que se observa entre la situación financiera de la empresa SALUDCOOP y el incremento patrimonial de sus socios, con Carlos Gustavo Palacino a la cabeza, Presidente de esa cooperativa.
¿Porque este problema de Saludcoop es la punta del iceberg?, sencillamente porque la denuncia del gran escándalo social y financiero, no solo es un problema de la empresa Intervenida, es un fenómeno que está latente en la mayoría de las empresas prestadoras de servicios público, bien sea, que se dediquen al tema de la salud, energía, Aseo, Agua Potable, entre otros. ¿Usted amable lector se imagina lo que significa que los empresarios privados sean los que manejen el tema de los servicios Públicos? A lo primero que tenemos que enfrentarnos es a la triste y pragmática realidad, que la prioridad para el empresario es la rentabilidad de su negocio, porque de lo contrario para él no tienen sentido el manejo empresarial. Ellos no tienen usuarios sino clientela.
En Colombia como en todos los países de América del Sur, éramos en materia económica tradicionalmente proteccionista, sin embargo, a partir de 1991, durante el gobierno del Presidente Cesar Gaviria Trujillo, y así se fundamentó en la nueva Constitución Política de Colombia, EL PAÍS ENTRÓ EN UN ESQUEMA DE APERTURA ECONÓMICA. Se nos dijo a todos que esa era la solución para sacar al país del atraso y convertirlo en un país prospero y eficiente.
20 años de apertura económica en forma oficial, nos han demostrado como dice el refranero popular “que el remedio resulto peor que la enfermedad”. La corrupción no tiene clase social, sexo, raza, religión o política; es inherente al ser humano que atrapado en esta sociedad de consumo, que premia y privilegia al que más tiene dinero, sin importar el origen de su patrimonio. Ese ser humano se torna proclive a la corrupción y su única razón de de ser el dinero y el poder.
Por eso vemos con profunda tristeza e impotencia, como hoy, una empresa prestadora del servicio de salud, que en un Estado como el nuestro, que en teoría es un Estado Social de Derecho, se preocupe más por el fortalecimiento empresarial, que en prestar un excelente servicio. Todos sabemos lo que cuesta recibir la consulta, los exámenes diagnósticos, los medicamentos, las cirugías, todo ello de forma oportuna y eficiente, para preservar la vida, en las empresas prestadoras de Salud (EPS). Si no fuera por los jueces de la República, que mediante vía tutela protegen la vida y la integridad física de los usuarios, la situación fuera peor.
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